Filadelfia, RCC.- Universalmente se define como objeción de conciencia a la negativa a acatar órdenes o leyes o a realizar actos o servicios invocando motivos éticos o religiosos.
Muchos jóvenes masivamente a gestionaron estos días su ansiado carnet de objetor de conciencia sin siquiera profundizar en el término, movido por los ánimos de no ingresar al cuartel.
Al hablar de obeción de conciencia, se entiende el mismo desde una ética racional que considera que el individuo debe responder en primer lugar al tribunal de la propia conciencia y resistir los mandatos de la autoridad cuando contradicen los propios principios morales.
El mismo ya fue proclamado en la Declaración de los derechos del Hombre y Ciudadano, al inicio de la Revolución francesa (1789).
La objeción de conciencia es un derecho que tiene que ver con las convicciones íntimas de una persona, ya sean morales o religiosas, que lo habilita a abstenerse de realizar determinados actos que tiene profunda justificación en los tratados internacionales de derechos humanos.
En principio, puede plantearse ante cualquier tipo de mandato que se derive del ordenamiento jurídico, como normas médicas u obligaciones tributarias. El supuesto más destacado, no obstante, es la objeción de conciencia al servicio militar. La objeción, por tanto, entra en juego cuando se da un choque —a veces dramático— entre la norma legal que obliga un hacer y la norma ética o moral que se opone a esa actuación.
En caso así, el objetor de conciencia, se decanta por el no a la ley, atendiendo a lo que considera un deber de conciencia.
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